Violència feixista
Nova agressió neonazi al Metro de Barcelona
Un vídeo penjat al Youtube mostra l'agressió a un noi de trets orientals al Metro de Barcelona
29/06/2014
Drets i Llibertats
El vídeo de l'agressió té el títol de "Nazis agrediendo a chino en el metro de Barcelona", i mostra com un jove ros amb aspecte agressiu intimida constantment i agredeix a cops de puny un noi de trets orientals.
Les persones del vagó que observen l'agressió, i abans l'actitud d'intimidació, internvenen en el moment que l'agressor dóna
diversos cops de puny de manera gratuïta a la víctima, fet que provoca
un tumult al vagó. La víctima aconsegueix ser empesa fora del vagó per
ser protegida de l'agressió en el moment que el metro s'atura a una
parada.
El caràcter nazi de l'agressió
A la xarxa s'ha atribuït de seguida el
caràcter ideològic neonazi d'aquesta agressió al Metro, pel fet la
gravació de l'orginal estava penjada al canal de "Payo Cura", qui va cobrir els rostres en el vídeo original de l'agressió (tot i que als primers segons del vídeo es veu somrient a Jaime Sambeat Jr ultradretà proper al partit espanyolista Ciudadanos). Aquest usuari, amb abundants vídeos de videojocs violents i d'altres d'apologia del nazisme, ha esborrat el vídeo al seu compte.
Diversos usuaris de Twitter han identificat @Payo_Cura com un neonazi habitual
que distribueix missatges racistes i homòfobs a la xarxa. Entre aquest
es poden observar missatges amenaçants com la imatge al·lusiva als "Pilla pilla" amb fotos a Barcelona, precisament ahir, el dia de l'Alliberament GLBT. El neonazi @Payo_Cura té 1131 seguidors.
Un altre usuari va avisar fa dos mesos,
al comentaris del compte "Payo Cura", que el seu compte a Youtube podria
ser esborrat. Però al compte de Twitter fa mesos que porta a treme una
apologia del nazisme i la incitació a les agressions contra col·lectius
com els homosexuals, immigants o gitanos.
Gràcies a un altre compte de Youtube amb el nom Vern Pb
i amb el títol indicat abans, per denunciar el caràcter neonazi
d'aquesta agressió, el vídeo s'ha conservat i la denúncia pública de
l'atemptat xenòfob ja corre per la xarxa.
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Publicat ELDIARIO.ES
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
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Publicat ELDIARIO.ES
¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?
La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura
franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como
trabajadores forzados.
Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
El franquismo llegó al extremo de usar presos
políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos
como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué
empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La
iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo.
Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo
de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas
cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades
primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para
sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles
franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a
batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones.
Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que
ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus
imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían
condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el
marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye
desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía
(RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a
estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas
víctimas.
"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babcock & Wilcox, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres,
José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas,
ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones
de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos
susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera.
Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían
cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea
abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica
cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño
taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez
Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios
que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía
señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La
Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer
copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las
organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su
beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que
reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo
motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las
empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la
otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio
Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia
argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini".
Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia
se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer
declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese
tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos
al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a
participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún
caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e,
incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer
un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron
"imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la
mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las
líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras,
también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de
concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen
creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de
Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama
cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa
y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros,
auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos
que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones
Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias
Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del
Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado,
que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal
–"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del
recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babcock & Wilcox, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
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